Los actos fraudulentos se cometen por medio del engaño y la ocultación, y por lo general, persiguen un propósito lucrativo en perjuicio de otra persona. Bajo las leyes de California, estos delitos son severamente castigados y abarcan varios hechos punibles que arropan situaciones muy específicas, y en razón de ello, le son atribuidas sanciones, unas más severas que otras, las cuales incluyen pasar un tiempo en prisión y tener que pagar altas sumas de dinero por concepto de multas.

Por esa razón, ante un cargo de esta índole es necesario que los acusados tengan una asistencia legal adecuada que se involucre y esté en línea con todos los trámites y procedimientos que se deben emplear en estos casos para proteger los derechos de sus defendidos.

¿Está siendo acusado por este crimen en San Diego?

Si actualmente está siendo investigado por este crimen, puede asesorarse con un abogado de delitos de fraude de San Diego Criminal Attorney, quien le ayudará a entender su situación y evaluará minuciosamente los aspectos legales de su situación específica para presentarle una defensa sólida.

¿En qué consiste el fraude?

De forma general, el fraude constituye una conducta engañosa mediante la cual, una persona obtiene un beneficio económico inmerecido y otra sufre una pérdida a su peculio o queda privada de algo que le pertenece.

Es importante destacar que este delito admite un estado de frustración para condenar a una persona, esto significa que, en sí, para que una persona sea condenada en razón de este hecho punible, no es estrictamente necesario que se haya producido un daño o perjuicio a otra persona, basta con el solo ánimo de defraudar para condenar a un individuo. En palabras más simples, una persona puede ser condenada aún cuando no se le haya producido una pérdida económica a la víctima.

Por ejemplo, supongamos que un individuo intentaba comprar artículos en una tienda, y como modo de pago presenta una tarjeta fraudulenta, no obstante, esta arroja un error y no se llega a completar la transacción. En esta situación, aunque no se haya producido la pérdida o daño económico, de igual manera se corre el riesgo de enfrentar un cargo de fraude.    

Ahora bien, el fraude entendido como una categoría, abarca varios delitos que regulan circunstancias muy particulares en las que se puede cometer un acto fraudulento, y según sea el caso, sus sanciones pueden volverse más severas, en este artículo detallaremos con mayor amplitud aquellos ilícitos de fraude que comúnmente se procesan en el Estado de California.  

¿Qué delitos de esta índole son comúnmente procesados en CA?

Como lo referimos en líneas anteriores, los actos fraudulentos abarcan una gran cantidad de delitos de esta índole, algunos de los más procesados en el Estado de California son los siguientes:

Fraude al seguro de desempleo

Para entrar en contexto, es necesario que establezcamos ¿qué es un seguro de empleo? Pues bien, en términos simples este es un beneficio por el cual una persona que ha quedado desempleada de forma involuntaria recibe un pago temporal por parte del Estado. Para recibir el antes dicho beneficio, la persona debe declarar su estado de desempleo y solicitarlo ante las instituciones correspondientes.

Ahora bien, si la información que usted declara es falsa o inexacta, estaría incurriendo en un fraude de este tipo. Dicha acción presenta todos los elementos del fraude: un beneficio económico inmerecido, el engaño o la ocultación, y que tal acto constituye un gasto para el Gobierno por lo que podría definirse como un daño o perjuicio causado.

Las situaciones bajo las cuales una persona puede incurrir en este fraude son las siguientes:

  • Conseguir un empleo, pero continuar recibiendo el seguro de desempleo,
  • Tener un empleo de medio tiempo y no informar sus ganancias, por lo que estaría recibiendo un monto mayor al que debería,
  • Emitir una declaración completamente falsa para recibir el beneficio y aliviar su situación económica.

Fraude a programas de asistencia pública

Similar al delito anterior, falsear o dar información inexacta a las entidades donde se llevan a cabo programas de asistencia pública para recibir dinero u otras ayudas como vivienda, tratamientos médicos, o comida, constituye un acto fraudulento. Por lo general, la forma más común en la que se emplea este delito es no informar los ingresos reales del individuo con el propósito de que sea elegible para tales beneficios.

No obstante, este delito puede ser cometido tanto por una autoridad del programa a cargo de distribuir dichos beneficios, como por quien los recibe.

Fraude inmobiliario

Por su parte, este fraude ocurre en la industria inmobiliaria o de bienes raíces, por lo que, como seguramente lo habrá intuido, normalmente implica grandes cantidades de dinero y por supuesto graves pérdidas financieras. En sí, este delito implica hacer negocios fraudulentos en relación a las propiedades/inmuebles.

En esta industria son muchas las prácticas que pueden ser procesadas bajo este tipo de fraude, las cuales no podríamos abarcar en unos cuantos caracteres, pero sí podemos mencionar las más comunes:

  • Fraude de ejecución de hipoteca
  • Falsificar escrituras o documentos
  • Vender la propiedad varias veces

Fraude de tarjeta de crédito

Como posiblemente habrá intuido, este delito implica usar una tarjeta ajena a nombre de su propietario, sin que éste haya consentido tal acción, adquiriendo con ello un beneficio económico (algún bien, servicio, o dinero) con el cual se causa pérdida económica al verdadero propietario. Pero además, una persona también puede incurrir en este delito cuando usa una tarjeta que le pertenece, pero a sabiendas de que no tenía fondos, estaba expirada, o le fue revocada.

Cabe aclarar, que este delito no se limita únicamente a tarjetas de crédito, sino que comprende cualquier tipo de tarjeta o cuenta asociada a esta, incluyendo: débito y “gift cards”.

Fraude con cheques

Defraudar cantidades de dinero utilizando cheques sin fondos o falsificando la firma del librador legítimo de este, es otro de los delitos de fraude más comunes en California. Este hecho punible puede llegar a implicar grandes sumas de dinero o pequeñas cantidades.

Fraude de seguro de auto

En el Estado de California es un requisito indispensable que todo conductor posea seguro de vehículo. Ahora bien, muchas veces sucede que los poseedores de los antes dichos seguros terminan causando, voluntariamente, daños materiales a los vehículos, tales como, causar abolladuras con un bate, o rayar su superficie con un cuchillo, con el propósito de reclamar al seguro para que le reponga tales daños.

Dicha acción, dado a que se emplea un engaño por parte del poseedor del seguro con el fin de obtener un beneficio económico (que arreglen su auto) constituye un fraude.

Fraude de juego

Las prácticas tendientes a engañar o quebrantar las normas de un juego con el propósito de cambiar la suerte de los resultados, empleando trucos o instrumentos para lograr dicho objetivo, y como resultado adquirir dinero o propiedades a las que se le asigna un valor (fichas, cartas, entre otros) se considera un fraude a los efectos de las leyes de California.

Sobre este delito, es muy importante señalar que, las disposiciones legales que lo rigen no castigan en sí la trampa, ni mucho menos prohíben los juegos de azar que comprende este delito, siempre y cuando en razón de tal acción usted no haya conseguido un beneficio económico.

Un ejemplo que sirve para explicar lo antes señalado, es el escenario donde usted está jugando poker en un casino con unos amigos por simple diversión y sin apostar dinero de por medio, de cualquier modo, usted emplea trampa y logra ganar el juego. Dicha acción no constituye un delito de esta índole, dado que no obtuvo un beneficio económico por ello. 

¿Qué sanciones se aplican a cada uno de estos delitos?

Cualquiera que sea el delito, las consecuencias legales que se generan en razón de una sentencia condenatoria son realmente rigurosas, no obstante, su severidad depende muchas veces de otros aspectos y detalles del caso en específico, por ejemplo: la magnitud del fraude, las cantidades de dinero defraudadas, número de negocios fraudulentos, los antecedentes criminales del autor, si la víctima es una entidad del gobierno o un particular, entre otros elementos determinantes.

En su mayoría, estos delitos son tomados como un “wobbler” este es un término legal que se utiliza para indicar que el delito, según los detalles del caso, y el criterio que maneje el fiscal, puede ser calificado como menor o grave.

Por lo general las sanciones aplicables incluyen: pasar un tiempo en prisión, tener que pagar onerosas multas, y el embargo de activos obtenidos del fraude cometido. Cabe señalar que estas condenas pueden ser aplicadas una o varias, según lo considere el Juez.

Ahora bien, a continuación, señalaremos con mayor detalle las sanciones aplicables a cada uno de los delitos descritos anteriormente:

En el caso del fraude al seguro de desempleo, este constituye un “wobbler” y en consecuencia puede calificarse como un delito grave o menor.

Si el hecho punible se califica como menor, las sanciones que podría implicar son las siguientes:

  • Pena de prisión por un máximo de 1 año en la cárcel del condado; y/o
  • Multa por hasta un valor de $20.000.

En contraposición, como delito grave se mantiene la multa por ese mismo valor, pero la pena de prisión se aumenta a un mínimo de 16 meses y un máximo de 3 años.

Por otra parte, el fraude a programas de asistencia pública, al igual que el delito anterior, se considera un “wobbler” pero además se le aplican las sanciones según la forma que se cometió, por tanto, las condenas por este delito varían.

En el mejor escenario la pena privativa de libertad sería de 6 meses, sin embargo, dependiendo de la forma que se cometió, puede llegar hasta los 4 años. De igual modo, ocurre con la imposición de multas, estas oscilan entre los $500 y $5.000.

En cuanto al fraude inmobiliario, similar a los delitos anteriores, puede calificarse según los detalles del caso, como delito grave o menor.

En caso de que sea calificado como un hecho punible menor, las sanciones pueden implicar:

  • Pena de prisión por hasta 1 año; y/o
  • Pago de multa por un valor de hasta $1.000.

Y por el otro lado, si se califica como delito grave, las sanciones aplicables son las siguientes:

  • Pasar un tiempo no mayor a 3 años en prisión; y/o
  • Pagar una multa no mayor a $10.000.

Ahora bien, en el caso específico del fraude de tarjeta de crédito, las consecuencias legales de una condena dependerán de en qué forma se llevó a cabo el fraude, en función de ello puede aplicarse las sanciones que se le atribuyen al hurto mayor, hurto menor, o falsificación.

En lo que respecta al fraude con cheques, este delito también puede ser tratado como menor o grave.

De ese modo, si el delito es calificado como menor, las consecuencias legales pueden incluir:

  • Pasar un tiempo en prisión por hasta 1 año; y/o
  • Pago de multa no mayor a $1.000.

Caso contrario, si el delito se califica como mayor, ambas condenas aumentan su severidad en la siguiente medida:

  • Pena privativa de libertad por hasta 3 años; y/o
  • Imposición de multa de hasta $10.000.

En el caso del fraude de seguro de auto, sus condenas se aplican según la forma en que se cometió el delito, algunas de estas se consideran siempre un delito mayor, y otras pueden constituir un “wobbler” por lo que la severidad de las sanciones puede variar de acuerdo a ello. Sin embargo, por lo general, cuando se trata de un delito menor puede implicar 1 año de prisión y una multa no mayor a $1.000. Pero si es calificado como mayor el tiempo en prisión puede llegar a los 5 años y la multa a $50.000.

Y como último de los delitos abarcados en este artículo, el fraude de juego, las sanciones a este hecho punible se atribuyen según el valor total de lo defraudado, si este es igual o menor a $950 el delito se imputa como menor, pero si excede de esa cantidad entonces constituye un “wobbler”

Si el delito es calificado como menor:

  • Si el valor del daño es igual o menor a $950 la pena de prisión será de 6 meses, pero si excede la pena y se califica como menor, aumentaría hasta 12 meses.
  • Libertad condicional sumaria; y/o
  • Pago multa por hasta $1.000.

Pero si el delito es calificado como mayor o grave, las condenas que se podrían aplicar serán las siguientes:

  • Pena de prisión de entre 16 meses y 3 años.
  • Libertad condicional formal; y/o
  • Imposición de multa por hasta $5.000

Cabe mencionar que, cualquiera de estas sanciones puede ser más severa si en el caso en concreto existen otras circunstancias agravantes.

De igual manera, es importante señalar que en algunos supuestos los cargos aquí mencionados pueden ser tratados como delitos federales, en cuyo caso, la situación legal del acusado podría agravarse considerablemente en virtud de que las sanciones suelen ser bastante severas.

¿En qué situaciones un delito de fraude puede ser procesado a nivel federal?

El hecho punible al cual nos referimos puede ser procesado por autoridades federales en los casos donde se haya defraudado a una entidad gubernamental o al propio gobierno, cuando el fraude se llevó a cabo en más de un Estado, o se considera un delito de gran impacto o magnitud.

No obstante, aquellos casos en que el fraude se ejecutó en una menor magnitud usualmente se manejan según las normas del Estado donde fue cometido.

¿Qué otras consecuencias pueden generarse por una condena en estos casos?

Una condena por fraude en los antecedentes penales de la persona muy probablemente repercuta negativamente en situaciones como: solicitar un préstamo, postularse a un trabajo, o comprar y vender propiedades. Los antecedentes criminales, y más aún por estos delitos, pueden muy fácilmente afectar su reputación.

Otro de los efectos negativos de una condena en estas situaciones es la posibilidad de perder su licencia profesional en aquellos casos donde su profesión facilitó la comisión del fraude.

En adición a ello, si usted es un inmigrante, y el hecho punible se considera de bajeza moral, es muy probable que ello incida en su estatus migratorio, pudiendo implicar una deportación independientemente de que resida legalmente en Estados Unidos.

¿Qué debo hacer si se me abre una investigación o soy arrestado por un cargo de fraude?

Ante estos casos le recomendamos tomar dos acciones, la primera; es que si es arrestado se ampare en su derecho de permanecer en silencio, esto es sumamente importante ya que al no tener conocimiento de sus aspectos legales puede mal emplear un término y complicar aún más su situación.

Y la segunda acción; bajo cualquier situación, sea arrestado, esté siendo investigado, e incluso intuye que se podrían formular cargos de fraude en su contra, llame inmediatamente a un abogado en leyes criminales. Mientras más temprano acuda a un abogado especialista, mayores serán sus oportunidades de lograr una sentencia favorable. Además, estar representado en la etapa inicial de su situación legal le ayuda a que en todo momento sus derechos estén protegidos, y evita que el proceso se lleve a cabo con irregularidades o tarde más de lo debido.

¿Qué defensas se emplean comúnmente para combatir cargos de fraude?

Un cargo por fraude envuelve una situación legal bastante compleja, pero esto no implica que inmediatamente será condenado en razón de este, aunque su caso pueda parecer difícil y piense que no tiene posibilidad alguna de éxito, la realidad es que, más común de lo que parece, los acusados se sorprenden al ver cómo una defensa sólida cambia el panorama legal que antes era desfavorable. Por ello, si usted tiene ese mismo pensamiento, no desista de acudir a un abogado defensor.

Las estrategias de defensa empleadas en estos casos son propias de cada delito de fraude, las cuales, por ser tantas, resulta imposible incluir en este artículo, sin embargo, queremos abarcar algunas de las más generales: 

Falta de ánimo para cometer fraude; para que se entienda que ocurrió el fraude, cualquiera que sea este, el fiscal debe demostrar que usted tenía la intención deliberada de defraudar, de lo contrario, si dicho elemento no se demuestra ante la corte usted no podrá ser condenado por el delito que se le acusa.

Aun cuando el fiscal presente pruebas en su contra, su abogado puede alegar la falta de ánimo y llevar evidencias al proceso que debiliten las que se tienen en su contra.

Los casos en los que se puede emplear esta defensa son aquellos donde, si bien su acción le causó perjuicios económicos a una persona, su ánimo no era lucrarse en virtud de tal situación, sino que el hecho ocurrió por un error o descuido suyo.

Creencia de buena fe; similar a la anterior, esta defensa consiste en alegar y demostrar que usted no tenía ánimo de cometer fraude, y en su lugar, pensó que los actos que se llevaron a cabo eran legítimos.

Usted fue coaccionado; bajo esta defensa su abogado deberá alegar y demostrar que, si bien usted ejecutó un fraude, lo hizo bajo coacción o amenaza hacia su seguridad y la de su familia.

Evidencia insuficiente; esta es otra de las estrategias de defensa más comúnmente empleada en estos casos, la misma consiste en atacar la insuficiencia o escasez probatoria de uno de los elementos necesarios para la ocurrencia del delito, señalando los puntos débiles de las que se tienen en su contra, o presentando otras con mayor peso probatorio a su favor.

En estos casos, si el juez determina que la evidencia presentada por la contraparte no es suficiente, su cargo por este delito sería desestimado.

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